Artículos, análisis y materiales de consulta sobre Derecho Procesal, litigación, prueba, LegalTech e inteligencia artificial aplicada.
Inteligencia artificial, debido proceso y autonomía judicial
Análisis del riesgo de dependencia excesiva de la inteligencia artificial en la función judicial. Examina debido proceso, motivación y autonomía del juez, y propone un modelo de asistencia tecnológica intensa pero siempre subordinada al dominio intelectual y la responsabilidad humana.
Una aproximación práctica al trabajo con documentos forenses, investigación jurídica y apoyo a la gestión judicial
Los Gems son versiones personalizadas de Gemini que permiten reutilizar instrucciones, contexto y fuentes en tareas recurrentes. El artículo explica cómo configurarlos para investigación jurídica, análisis documental y apoyo al despacho, junto con sus límites de exactitud, confidencialidad y supervisión humana.
Un espacio de trabajo para la práctica jurídica y el despacho judicial
Guía académica y práctica sobre Proyectos en ChatGPT como espacios de trabajo para expedientes, investigaciones y tareas jurídicas continuadas. Explica su configuración, trabajo con documentos, usos forenses y límites de seguridad y supervisión humana.
Retos de la valoración probatoria y el derecho a la motivación judicial
Estudio doctrinal sobre la admisibilidad y valoración de la prueba algorítmica en el proceso civil paraguayo. Examina contradicción, sana crítica, motivación judicial y garantías para el uso de resultados producidos por sistemas de inteligencia artificial.
Optimización operativa, estandarización metodológica y gobernanza asistencial en la ciencia del Derecho
Guía práctica para crear y utilizar Gems en Gemini como asistentes especializados en la práctica forense. Explica su arquitectura, configuración, casos de uso, System Prompts y reglas de supervisión humana, verificación y confidencialidad.
Situación normativa y jurisprudencial actual
La notificación electrónica constituye hoy el eje sobre el cual gira el cómputo de los plazos procesales en el fuero civil y comercial paraguayo. Desde la implementación del expediente judicial electrónico en 2016, el Poder Judicial ha construido un entramado normativo progresivo —leyes, acordadas y protocolos— que desplazó a la cédula en soporte papel como regla general de comunicación procesal, reservándola para supuestos taxativos. Este documento analiza dicha evolución, tomando como base un conjunto de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ilustran cómo los tribunales vienen interpretando y aplicando el régimen, y lo complementa con información normativa reciente relevada en fuentes oficiales del Poder Judicial paraguayo.
Directrices, vacíos regulatorios y desafíos para su aplicación efectiva
La Resolución Nº 12.677, dictada el pasado 4 de marzo de 2026, aprobó la primera Política Operacional del Poder Judicial paraguayo destinada a establecer directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial. El artículo examina su estructura, valora sus principios y analiza los principales problemas que plantea su aplicación. Se sostiene que la política constituye un avance institucional relevante porque adopta un modelo de inteligencia artificial asistencial, sometido a supervisión humana, transparencia, igualdad, protección de datos y formación continua. Sin embargo, su eficacia depende de una reglamentación posterior capaz de transformar principios generales en controles operativos. Se identifican, entre otros vacíos, la falta de clasificación por niveles de riesgo, la indeterminación del estándar de supervisión humana, la ausencia de un catálogo o procedimiento de autorización de herramientas, la amplitud del deber de revelación, las dificultades de trazabilidad de la IA generativa y la falta de consecuencias específicas frente al incumplimiento. Como aporte, se propone un modelo escalonado de gobernanza basado en la incidencia de la IA sobre la función jurisdiccional.
Inteligencia artificial, tiempo jurisdiccional y reducción de la morosidad en el proceso civil paraguayo
La incorporación de inteligencia artificial al Poder Judicial ya no pertenece al terreno de la especulación tecnológica. Los sistemas basados en procesamiento del lenguaje natural y, en particular, los modelos de lenguaje de gran escala permiten ejecutar tareas de lectura, extracción, clasificación, comparación, síntesis, investigación y generación de textos que integran una parte significativa del trabajo cotidiano de los despachos judiciales. El problema jurídico consiste en determinar hasta dónde puede llegar esa asistencia sin sustituir el ejercicio humano de la jurisdicción. Este trabajo analiza esa cuestión desde el Derecho procesal paraguayo y propone distinguir entre tiempo instrumental del despacho y tiempo jurisdiccional. Sobre esa base se formula el concepto de despacho judicial aumentado: un modelo en el cual la inteligencia artificial reduce el tiempo destinado a operaciones preparatorias para recuperar tiempo humano destinado a valorar, interpretar, deliberar y decidir. La hipótesis se examina mediante tres aplicaciones concretas al proceso civil: ordenación inteligente de la causa, construcción de matrices procesales y probatorias y elaboración asistida de borradores de resoluciones. El análisis toma como eje la Resolución N.º 12.677/2026 de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay y la contrasta con experiencias de Brasil, Colombia y estándares internacionales. Se sostiene que la inteligencia artificial no constituye una solución autónoma para todas las causas de la morosidad judicial, pero sí una herramienta actual y apta para reducir de forma sustancial aquella parte de la demora vinculada con el procesamiento intelectual e instrumental de grandes volúmenes de información, siempre que su utilización quede sometida a supervisión humana, verificación de fuentes, trazabilidad, protección de datos y responsabilidad indelegable del magistrado.
Celeridad, decisión jurisdiccional y garantías procesales ante la transformación tecnológica de los despachos judiciales
La incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA), y particularmente de inteligencia artificial generativa, a los despachos judiciales plantea una modificación relevante de la forma en que se organiza, procesa y utiliza la información jurídica. El problema ya no consiste en determinar si la tecnología ingresará en la administración de justicia, sino en establecer bajo qué condiciones su empleo resulta compatible con la jurisdicción, el debido proceso, la motivación de las decisiones, la igualdad de las partes, la protección de datos y la responsabilidad indelegable del juez. Este trabajo analiza, mediante una metodología jurídico-dogmática, documental y comparada, las posibilidades de utilización de IA para reducir tiempos improductivos, asistir la investigación jurídica, sistematizar expedientes, detectar precedentes y contradicciones, elaborar borradores y mejorar la gestión del despacho, sin trasladar a la máquina la potestad de juzgar. El eje nacional del estudio es la Resolución Nº 12.677, de 4 de marzo de 2026, de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, que aprobó la Política Operacional para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Sus reglas se contrastan con los estándares de UNESCO, la Carta Ética de la CEPEJ, la experiencia regulatoria brasileña y la jurisprudencia constitucional colombiana. Se sostiene que la IA puede constituir una respuesta institucional efectiva frente a la morosidad judicial cuando se la concibe como infraestructura cognitiva de apoyo, sometida a supervisión humana significativa, trazabilidad, verificación de fuentes, seguridad de la información, transparencia y capacitación permanente. La aceleración tecnológica solo es jurídicamente valiosa si incrementa simultáneamente la calidad, la controlabilidad y la legitimidad de la decisión jurisdiccional.
Abogado, egresado de la Universidad Católica, con veinte años de ejercicio de la profesión. Docente universitario, autor de varias obras y artículos publicados en revistas jurídicas locales, nacionales e internacionales. Especialista con áreas de investigación en Derecho Procesal y las Tecnologías de la Comunicación, además de la aplicación de la inteligencia artificial para el sistema de enjuiciamiento.
