Un abogado recibe documentos, reconstruye hechos, busca normas, estudia decisiones y convierte ese material en una posición jurídica. Una parte de ese trabajo exige horas de clasificación y revisión. Allí existe un espacio concreto para la inteligencia artificial: ayudar a preparar la información sobre la cual el profesional habrá de pensar, argumentar y decidir.
Conviene comenzar por tareas acotadas. Un sistema de IA generativa puede ayudar a resumir un texto, comparar versiones o preparar una primera estructura de escrito. El resultado dependerá de la herramienta, de la calidad del material y de las instrucciones. Por eso, una respuesta extensa o bien redactada no demuestra, por sí sola, que el trabajo esté correcto.
Pensemos en un ejemplo hipotético: un estudio debe examinar varios contratos y sus modificaciones. Puede pedir a la herramienta que proponga una tabla con fechas, obligaciones, vencimientos y cláusulas modificadas, indicando en cada casilla el documento y el apartado de origen. El abogado tendrá entonces un material de apoyo que deberá contrastar con los originales. Si una fecha no consta, corresponde dejar esa ausencia visible. Completarla por conjetura destruiría la utilidad de la tabla.
En la investigación jurídica, la IA puede ayudar a formular preguntas, identificar conceptos relacionados y ensayar líneas de búsqueda. Pero una sentencia mencionada en una respuesta todavía debe ser localizada y leída. Hace falta comprobar su existencia, órgano, fecha, contenido y relación con el problema estudiado. Incluso una cita auténtica puede resultar impertinente si corresponde a otra jurisdicción, a hechos distintos o a un criterio que luego fue modificado.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, en su perfil sobre IA generativa, identifica el riesgo de producir información falsa con apariencia de seguridad, incluidas citas o explicaciones engañosas. Es una referencia técnica, no una norma paraguaya. Su advertencia explica por qué la verificación de fuentes debe integrar el trabajo desde el comienzo. (NIST, AI 600-1, 2024, apartado 2.2).
Otro uso valioso consiste en someter una tesis a objeciones. Después de construir su argumento, el abogado puede pedir que se señalen contradicciones, hechos pendientes de prueba o posibles respuestas de la contraparte. Ese ejercicio tiene valor cuando obliga a volver al expediente y reforzar el razonamiento. Una objeción generada es una hipótesis de trabajo; su consistencia deberá examinarse con el mismo rigor que la tesis propia.
La preparación de borradores requiere igual disciplina. Es razonable solicitar un orden de exposición, una versión más clara de un párrafo o la detección de repeticiones. Al revisar, habrá que comprobar que no se hayan agregado hechos, alterado pretensiones o atribuido a una prueba un alcance del que carece. Una mejora de estilo puede esconder un cambio de sentido.
Antes de incorporar documentos a cualquier plataforma, hay una cuestión previa: qué información puede tratarse allí y bajo qué condiciones. Los artículos 33 y 36 de la Constitución paraguaya protegen la intimidad, el patrimonio documental y la comunicación privada. Como pauta de trabajo, corresponde reducir los datos a lo necesario, revisar las condiciones del servicio y evaluar si nombres, domicilios u otros elementos permiten identificar a las personas. Cambiar un nombre por iniciales puede ser insuficiente. (cfr.: Constitución de la República del Paraguay, arts. 33 y 36).
Nuestra propuesta es comenzar con una tarea verificable y medir el resultado completo, incluida la revisión. Si la asistencia permite comprender mejor los antecedentes y dedicar más atención al problema jurídico, aporta valor. La herramienta debe quedar integrada a un método en el que cada afirmación importante pueda sostenerse con documentos, fuentes y razones que el abogado esté en condiciones de explicar.