Una herramienta puede entregar en pocos instantes un texto que parece resolver una consulta jurídica. Para el abogado y para el estudiante, la dificultad comienza al examinarlo: ¿los hechos están bien comprendidos?, ¿la norma corresponde al caso?, ¿las razones permiten sostener la conclusión? La transformación digital vuelve más exigente esa tarea de lectura y control.
Ser competente en el uso de tecnología supone comprender qué se le puede pedir, qué información necesita y cómo se comprueba el resultado. Un profesional puede manejar una aplicación con soltura y, aun así, aceptar una respuesta equivocada. La destreza operativa debe acompañarse de formación jurídica y de la capacidad de detener el trabajo cuando la fuente o el razonamiento no ofrecen respaldo suficiente.
En Paraguay existe una referencia institucional concreta. La Resolución N.º 12.677, de 4 de marzo de 2026, aprobó la política operacional sobre IA en el Poder Judicial. Sus artículos 6 a 8 exigen control humano, admiten tareas de apoyo sujetas a revisión y prohíben delegar decisiones. Su ámbito comprende a magistrados y funcionarios judiciales; no equivale a una regulación general de los estudios jurídicos. (cfr.: CSJ, Resolución N.º 12.677/2026, anexo, arts. 4 y 6 a 8).
La distinción importa para el litigante. Al examinar una resolución, deberá concentrarse en los hechos considerados, la valoración de la prueba, las normas aplicadas y las razones de lo decidido. El artículo 256 de la Constitución exige que toda sentencia esté fundada en la Constitución y en la ley. Desde esa exigencia, entendemos que una redacción prolija obtenida con asistencia tecnológica no acredita, por sí sola, una motivación suficiente. (cfr. Constitución de la República del Paraguay, art. 256).
También debe evitarse la objeción inversa: presumir un defecto por la sola presencia de IA. La cuestión requiere identificar qué intervención tuvo y qué consecuencia produjo. La política judicial contiene obligaciones de información y documentación del uso de estos sistemas. Esa transparencia permite plantear preguntas concretas sobre el proceso seguido, en lugar de sostener críticas basadas en una sospecha. (cf.: CSJ, Resolución N.º 12.677/2026, anexo, arts. 9 y 10).
Para quien estudia Derecho, proponemos una práctica formativa: leer primero una fuente, formular una respuesta propia y después contrastarla con la que ofrece la herramienta. El ejercicio consiste en explicar las coincidencias, descubrir las omisiones y justificar las correcciones. Si el estudiante no puede reconocer una norma ajena al caso o una conclusión sin fundamento, la respuesta generada puede ocultar aquello que todavía necesita aprender.
La experiencia profesional aporta otra dimensión. El abogado conoce la importancia de una conversación con el cliente, de una contradicción en los documentos o de una pretensión mal delimitada. Puede usar la tecnología para explorar esos puntos, pero necesita conservar la disposición a revisar sus propias hipótesis. Pedir a la IA que confirme siempre la posición elegida empobrece el análisis: una asistencia útil también debe abrir espacio a las objeciones.
El problema de la dependencia aparece cuando la revisión se vuelve un trámite y el profesional deja de reconstruir las razones de lo que firma. Nuestra propuesta es exigir una comprobación sencilla: poder explicar el argumento, señalar su respaldo y defenderlo frente a una crítica concreta. Ese control ayuda a distinguir entre haber recibido una respuesta y haber comprendido el asunto.
La transformación digital merece incorporarse a la formación y a la práctica con esa finalidad. Aprender nuevas herramientas, evaluar sus resultados y corregir sus errores puede ampliar la capacidad de trabajo del jurista. El valor de esa ampliación deberá apreciarse en una defensa mejor preparada, una investigación más cuidadosa y una relación más clara con quienes confían sus derechos al profesional.